El Derecho a la Ciudad y la Economía Social, Solidaria y Popular se presentan como dos conceptos fundamentales para entender la inclusión urbana y financiera. Por un lado, el derecho a la ciudad se centra en la construcción social, proponiendo una visión inclusiva y equitativa de la vida urbana y por otro, la economía social, solidaria y popular se presenta como un modelo económico alternativo que busca colocar a las personas y sus necesidades en el centro de la actividad económica. Estos conceptos provienen de esferas diferentes, pero en esa transferencia de ideas, pueden ofrecer soluciones integrales para la construcción de ciudades más inclusivas, justas y sostenibles. Es así como, a partir de 4 puntos fundamentales, se busca mostrar la importancia de ambos dentro de este paradigma, exponiendo de esta manera, a disposición, que para poder cumplir sus objetivos principales y evidenciar que uno necesita del otro, se hace necesario el poder ejecutar de manera prolongada y ordenada, partiendo, principalmente, de la inclusión, participación y gobernanza, como también del acceso a recursos y espacios urbanos, para poder sustentarse dentro la sostenibilidad y la resistencia a los cambios propuestos por el mismo sistema, para así, finalmente poder hablar de empoderamiento y trabajo comunitario.
El presente artículo busca presentar la conexión existente entre dos conceptos participes dentro de la construcción social, como lo es el Derecho a la Ciudad y la Economía Social, Solidaria y Popular; para ser más claros con la información aquí plasmada, se realizará un reporte el cual estará organizado desde dos entregas, la primera busca aterrizar el desarrollo de conceptos y la importancia de que ambos estén conectados, y la última, presentará un estudio de caso buscando ejemplificar la relación entre ambos.
“Ese urbanismo[1] diseña la ciudad (o cree diseñarla) segregando y jerarquizando usos, ahora funciones, y plasmando sobre el terreno la desigualdad social que reforzaba la expulsión de la clase obrera de la ciudad central hacia las periferias y que generaba diversos tipos de guetos: residenciales (tanto para la clase obrera como para las clases acomodadas), creativos, pero también guetos del ocio, máxima expresión de la incorporación del territorio al valor de cambio”.[2]
En las últimas décadas, el concepto de “derecho a la ciudad”[3] ha ganado relevancia en los debates urbanos y sociales, proponiendo una visión inclusiva y equitativa de la vida urbana. Este derecho no solo se refiere al acceso a servicios básicos y espacios públicos, sino también a la participación en la toma de decisiones que afectan la vida cotidiana dentro de las ciudades. Por otro lado, la economía social, solidaria y popular emerge como un modelo económico alternativo que busca colocar a las personas y sus necesidades en el centro de la actividad económica. Aunque estos conceptos provienen de esferas diferentes, su interrelación puede ofrecer soluciones integrales para la construcción de ciudades más inclusivas, justas y sostenibles. Este artículo explora cómo estos conceptos se intersectan y se complementan, aportando una visión conjunta para una urbanización equitativa, a partir de una inclusión financiera justa.
Derecho a la Ciudad: un concepto en expansión.
El derecho a la ciudad es un concepto popularizado por el filósofo, geógrafo y sociólogo francés Henri Lefebvre en 1968, donde aboga por una visión inclusiva y participativa del entorno urbano, basando su idea en que todos los ciudadanos -sin distinción- deben de tener un acceso equitativo a los recursos y servicios urbanos, además de participar activamente en la toma de decisiones sobre cómo se configura su entorno. Lefebvre define el derecho a la ciudad como un derecho colectivo y radical que va más allá de la mera utilización del espacio urbano. Este derecho incluye el acceso equitativo a los recursos urbanos y la participación en la producción del espacio[4]; así mismo, no solo hace referencia a derechos básicos y fundamentales como lo puede ser el acceso a la vivienda, educación, salud o servicios públicos domiciliarios (energía, acueducto, alcantarillado y conexión a internet), sino también a la posibilidad de poder influir en las decisiones que configuran el espacio urbano, como la participación activa en el diseño, gestión y planificación de estos mismos. En esencia, el derecho a la ciudad busca garantizar que todos los ciudadanos tengan la capacidad de vivir en una ciudad que refleje sus necesidades y aspiraciones, la cual enfatiza una participación activa en la creación de espacios urbanos que sean inclusivos y representativos de todas las voces, buscando de esa manera, asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la vida urbana y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
Economía Social, Solidaria y Popular: Un paradigma alternativo real para la inclusión urbana.
La economía social, solidaria y popular ofrece un modelo económico alternativo centrado y fundamentado en los principios de la cooperación, la equidad y el bienestar común, en lugar de la maximización de ganancias[5], buscando fomentar la solidaridad y justicia social, incluyendo en su quehacer cooperativas, empresas sociales, asociaciones y otras formas de economía, como el comercio informal, la producción artesanal, el mismo trabajo cooperativo e iniciativas económicas que muchas veces son gestionadas por comunidades locales o trabajadores autónomos. Estas iniciativas buscan ofrecer alternativas al sistema económico tradicional, abogando de esta manera por un modelo económico caracterizado por la propiedad colectiva o comunitaria de los recursos, la toma y gestión de decisiones participativas y el enfoque en el bien común más que en el aumento de beneficios individuales. Abarca así una amplia gama de iniciativas, mostrando este tipo de economía como crucial para la subsistencia de muchas personas, especialmente en contextos de alta desigualdad y falta de empleo formal; en síntesis, es una alternativa económica que se puede aplicar, mostrando que la “utopía” es real.
Para adentrarnos un poco más en la conexión de estos 2 (dos) conceptos, es importante, partir de 4 (cuatro) puntos fundamentales, los cuales servirán para mostrar la importancia de ambos dentro de la inclusión urbana y financiera.
- Inclusión, participación y gobernanza: La economía social, solidaria y popular y el derecho a la ciudad comparten un principio fundamental, y es la participación. Esto, a partir del fomento de participación activa de las comunidades en la gestión de sus recursos y en la toma de decisiones en actividades de carácter económico. Esta característica se enmarca perfectamente con la premisa del derecho a la ciudad, la cual, aboga por una mayor participación en la configuración del entorno urbano. El papel que juegan las cooperativas, asociaciones y empresas sociales es de vital importancia, sabiendo que desde allí pueden comenzar a involucrar a los habitantes de los diferentes territorios en la gestión y planificación de los distintos espacios urbanos, fortaleciendo aún más la capacidad de las comunidades para influir en sus entornos, al mismo tiempo en que se promueve un sentido de pertenencia y responsabilidad.
- Acceso a recursos y espacios urbanos: La economía social, solidaria y popular busca garantizar que todos los ciudadanos puedan tener un acceso equitativo a los recursos y servicios, un principio que se complementa con el derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que ambos demandan una distribución justa de los bienes urbanos. Las iniciativas de la economía social, solidaria y popular pueden contribuir a mejorar el acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación en áreas desfavorecidas. Un ejemplo de ello, se puede presentar en las cooperativas de vivienda y los proyectos de urbanismo participativo, dónde, se pueden llegar a ofrecer soluciones innovadoras para la crisis de vivienda, especialmente en contextos donde el mercado tradicional ha fallado, proporcionando así alternativas accesibles y sostenibles, las cuales contribuyen a resolver problemas de desigualdad y exclusión. Es así como se puede presentar a la economía social, solidaria y popular como un motor de inclusión social y económica, la cual, promueve el derecho a la ciudad, fomentando de esta manera la creación de políticas y programas que apoyen a los trabajadores informales y las iniciativas comunitarias, ayudando así el poder reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social.
- Sostenibilidad y resiliencia Resistencia: En tiempos de crisis económica y ambiental, la economía social, solidaria y popular se organiza con propuestas que proporcionan a su vez soluciones sostenibles, esto como aspecto crucial para el desarrollo urbano. Las iniciativas de la economía social, solidaria y popular suelen fomentar prácticas económicas respetuosas con el medio ambiente, que, a su vez, son resistentes a los desafíos económicos y climáticos. Al integrar estos principios en el diseño urbano, se puede avanzar hacia ciudades que no solo sean más sostenibles, sino también más capaces de enfrentar desafíos futuros, alineándose con el derecho a la ciudad que promueve un desarrollo urbano que no solo sea económicamente viable, sino también social y ambientalmente responsable. Estas iniciativas son sinónimos de resistencia a los cambios generados dentro del urbanismo funcional, los cuales no se alinean con los principios básicos del derecho a la ciudad como lo son la toma de decisiones, la inclusión, el acceso a espacios y la sostenibilidad, allí que entre la amplia gama de alternativas se puedan encontrar atisbos de resistencia como lo son los mercados locales y las cooperativas agrícolas urbanas, las cuales contribuyen a ciudades más sostenibles, capaces de enfrentar desafíos ambientales y económicos de manera efectiva.
- Empoderamiento y trabajo comunitario: La economía social, solidaria y popular facilita el empoderamiento de las comunidades al promover modelos económicos que valoran el trabajo comunitario y la auto-gestión, promoviendo así la gestión colectiva y la toma de decisiones compartidas. Lo anterior ayuda a tener una mayor capacidad para poder influir en la creación de políticas que impacten directamente sus vidas. En este sentido, la economía social, solidaria y popular actúa como un vehículo para la realización del derecho a la ciudad, promoviendo una mayor equidad y justicia social en el entorno urbano.
Como quedó evidenciado en el presente artículo, la conexión entre el derecho a la ciudad y la economía social, solidaria y popular es clara. Hay que tener presente que existen desafíos significativos. Partiendo de puntos específicos, como que muchas veces las políticas urbanas a menudo favorecen el desarrollo inmobiliario y los intereses corporativos sobre las necesidades de las economías populares. Además, las actividades informales pueden enfrentar barreras legales y económicas que limitan su crecimiento y legitimidad. Para superar estos desafíos, es esencial promover políticas públicas que integren a la economía popular en el tejido urbano de manera equitativa. Esto incluye el reconocimiento formal de estas actividades, la provisión de espacios adecuados y el diseño de políticas que permitan a las iniciativas de economía popular prosperar y contribuir al desarrollo urbano.
Partiendo de lo anterior, podemos decir que la correlación entre ambos conceptos puede llegar a ofrecer estrategias esenciales para la transformación de ciudades en espacios más justos, inclusivos y sostenibles. Al integrar los principios de participación, equidad y resistencia de la ESSP en la gestión urbana, es posible avanzar hacia entornos urbanos que reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones de sus habitantes; proporcionando así soluciones prácticas y sostenibles para los problemas urbanos contemporáneos. Este enfoque integral no solo fortalece el derecho a la ciudad, sino que también fomenta una economía más inclusiva, resistente y humana, creando comunidades urbanas más robustas y cohesionadas. Al reconocer cada una de las contribuciones que hace y tiene para hacer la Economía Social, Solidaria y Popular, se fortalecerá el derecho a la ciudad en el sentido en que no solo ofrece soluciones innovadoras, sino que también promueve una visión más humana y equitativa de la vida urbana.
[1] Desarrollo crítico sobre el urbanismo funcionalista realizado por Lefebvre.
[2] Más allá de la ciudad. El derecho a la vida urbana. Ion Martínez Lorea, noviembre 16, 2017. https://labrujula.nexos.com.mx/
[3] El Derecho a la ciudad, título original: Le droit à la ville. Lefebbvre, H. (1968).
[4] “El derecho a la ciudad es un derecho a cambiar la ciudad en conformidad con nuestras necesidades y deseos. Es un derecho a transformarla y a participar en su transformación”. (Lefebvre, 1968, p. 157).
[5] “En la economía solidaria, cada acción se realiza con la intención de mejorar la vida de los demás. La verdadera solidaridad no se basa solo en el apoyo económico, sino también en construir redes de apoyo que fomenten la equidad y la justicia social”. — Muhammad Yunus (2011).